El Superior Tribunal de Justicia confirmó una condena de prisión en suspenso e inhabilitación especial contra un efectivo policial del Valle Medio que había sido declarado "autor del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia".

En diciembre de 2014 la Cámara Criminal Tercera de Roca le impuso al policía Juan Marcelo Romero "la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el término de 4 años para cumplir funciones policiales, a excepción de tareas meramente administrativas", por un hecho que ocurrió durante la madrugada del 7 de junio de 2009, frente al local bailable "Décadas" de la localidad de Luis Beltrán. Según tuvo por acreditado el Tribunal, en esas circunstancias la víctima "le preguntó insistentemente a Romero el motivo por el que demoraban a su amigo S.V., momento en que éste le propinó un golpe de puño en el estómago y un cabezazo en la boca, lo que le provocó las lesiones certificadas en la causa".

La defensa del imputado interpuso en primer término un recurso de casación, que fue rechazado en septiembre de 2015 por el Superior Tribunal. Contra esa resolución, el defensor planteó un recurso extraordinario federal, que fue denegado en los últimos días. Ahora la defensa tiene como último recurso el planteo de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya admisión o no determinará la firmeza de la sentencia.

La defensa planteó en su recurso la "arbitrariedad" del fallo condenatorio, considerando afectados "el principio in dubio pro reo y las garantías de defensa en juicio y debido proceso".

Contra ese criterio, la Fiscalía General dictaminó por el rechazo del recurso, advirtiendo que "el escrito no satisface los extremos formales requeridos en las Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal (Acordada N° 4/2007 CSJN)". También sostuvo que el planteo fue "extemporáneo" y que "de ninguna forma lo resuelto puede interpretarse como una violación al debido proceso", pues se ha "dado cumplimiento a los estándares internacionales y constitucionales impuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación" a la hora de analizar los cuestionamientos de la defensa y de realizar la revisión integral de la condena.

La sentencia que rechazó el recurso tuvo los votos coincidentes de los jueces Liliana Piccinini, Ricardo Apcarián y Enrique Mansilla. En la misma, el STJ consideró: "Luego de la revisión integral del plantel probatorio, este Superior Tribunal de Justicia determinó que la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados se había acreditado con certeza, conclusión que los agravios ahora en estudio no alcanzan a conmover, pues no demuestran la alegada arbitrariedad ni la afectación de garantías constitucionales del imputado".

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